LOS RESPETUOSOS DE LA LEY

Para que no nos quede duda de que estamos en un gobierno igual de nefasto al del reo Fujimori, asistimos a la vergüenza de ver cómo una señorona, que hizo magia al contratar a un duende, esté a punto de volver al parlamento. Los fantasmas están bailando en una pata.
Nuestro eficiente y soberano Poder Judicial, absolvió hace unos días al empleado "fantasma" Juan Carlos Cuadros Noriega, porque, "no está probado que le haya ocasionado perjuicio económico al Congreso ni que haya cobrado su sueldo sin trabajar". Hay tres razones por las que se pudo haber dado este aberrante fallo: O los jueces no viven en el Perú, o tienen problemas mentales, o el Apra quiere salvar a su Tula caza fantasmas. Esto último lo descarto porque el Apra ha demostrado, siempre, que jamás presiona a los jueces para salvar a sus roedores y alimañas. (¿Por qué se ríen, estimados lectores?).
Como lo ha denunciado un diario nacional, todo parece indicar que el regreso de la desaforada legisladora Tula Benites es inminente, por la acción de jueces y fiscales de vinculación aprista. Créanme amigos que esto ya lo esperaba, pues estamos en el Poder Judicial del Perú y encima en tiempos del APRA. Esto jamás pasaría en un Estado decente.
Ante esta situación, salió la cabeza más exagerada del Apra, Luis Gonzales Posada, a decir que ellos serán respetuosos de los fallos del Poder Judicial, porque estamos en un Estado de Derecho. (¿Por qué se ríe otra vez, señor lector? Más respeto). Oiga, don cabezoncillo, si estuviéramos en un Estado de Derecho, el gobierno del necrófilo García, antes de promulgar los Decretos Legislativos de la selva, lesivos a los intereses nacionales, los hubiera consultado a las comunidades selváticas, como lo manda explícitamente el Convenio 169 de la OIT, cuyas disposiciones tienen carácter vinculante para el Estado peruano, porque fue aprobado por el Congreso. Nos hubiéramos ahorrado el espanto de la muerte. Si estuviéramos en un mínimo Estado de Derecho, el gobierno no se hubiera negado a pagar las reparaciones económicas ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de los deudos del caso La Cantuta. Si estuviéramos en un Estado de Derecho hace rato hubieran cumplido con la Ley Universitaria N° 23733, aprobada hace más de 20 años, que estipula la homologación de los sueldos de los maestros universitarios con los de los magistrados del Poder Judicial. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, Alberto Pizango no estuviera exiliado y perseguido por este gobierno. Si estuviéramos en un Estado de Derecho se cumpliría aquello de “no hay persecución por razón de ideas o creencias” y los dirigentes de izquierda no estarían perseguidos y juzgados como hoy.
Es más, en un Estado de Derecho este régimen no existiría. Muchos de sus actores principales estarían en Piedras Gordas. Igual su socio Fujimori.

Diario CORREO. Columna “ESTA BOCA ES MÍA”. (Trujillo, 14/10/09)